En los últimos años, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han realizado esfuerzos destinados a mejorar la inclusión digital en sus países, desarrollando diversas políticas en el ámbito educativo. Estas iniciativas han sido y continúan siendo profusamente evaluadas, con distintos enfoques y perspectivas teórico-metodológicas. En este contexto, resulta pertinente y necesaria una reflexión crítica acerca de las formas en que se estudian estas políticas, puesto que las evaluaciones no son neutrales y tienen, lógicamente, consecuencias en la continuidad, reformulación o abandono de los programas. Ello a su vez se refleja de manera directa en las recomendaciones hacia los gobiernos e instancias decisorias de la política pública y no siempre permite comprender la experiencia de los sujetos concretos involucrados. En el caso de los modelos Uno a Uno, este problema se vuelve particularmente significativo debido a las altas expectativas que depositaron los gobiernos respecto del alcance de la inclusión social y educativa, en contraste con ciertas evaluaciones críticas.
